La Guardia Civil española ha sido pionera en la lucha contra la pornografía infantil en la red. Desde 1996, cuando llevaron a cabo su primera investigación por delitos relacionados con las nacientes tecnologías informáticas, han avanzado con importantes operaciones como: Diablo, Global, Panzer o Nude, entre otras. Ver Lucha especializada (https://www.internautas.org/html/1733.html)
El trabajo ha sido arduo y constante pues, a finales de 2017, las autoridades destaparon toda una red de producción de pornografía con menores y a inicios del presente año realizaron decenas de capturas por los delitos asociados a la producción y tenencia de pornografía infantil a lo largo del país.
Lo que no se ha divulgado profundamente es la participación en dichos actos delictivos de personajes de la élite política española. Desde 2010, y gracias al trabajo de la Guardia Civil por medio del desarrollo de una herramienta precursora en el monitoreo y seguimiento de redes con contenido de material con pornografía con menores de edad, se han realizado avances históricos en la judicialización de responsables.
La Operación Telémaco fue la primera en contar con el apoyo de la mencionada herramienta, sin embargo, y a pesar de las capturas en este caso, las relaciones de alto poder han permitido que funcionarios públicos directamente involucrados en estas investigaciones hoy se encuentren en la impunidad.
En 2010 se reportaban decenas de capturas en el marco de dicha investigación, pero, de acuerdo a registros oficiales obtenidos, no todos los implicados fueron capturados, especialmente los que abusaron de su posición de poder. Este ha sido el preludio de un encubrimiento por parte miembros corruptos de la policía, un poderoso fiscal y su red de contactos judiciales que no tienen reparos en encubrir pedófilos. Ver Imputados (https://www.lavanguardia.com/sucesos/20100923/54010784701/13-detenidos-y-6-imputados-en-una-operacion-contra-la-pornografia-infantil-en-pontevedra.html)
La historia inicia de la siguiente manera. El 8 de junio de 2010, la Guardia Civil española de Pontevedra en calidad de interviniente interpuso, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 3 de Cangas, una denuncia por el delito de “utilización de menores con fines pornográficos” que inició las Diligencias Previas del Caso 317/2010. Ver Diligencias (2010-06-08 DP 317-2010).
La denuncia se basó en un reporte de la misma fecha realizado por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (E.D.I.T.E.) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra. De acuerdo al documento oficial, para ese año se percibía un incremento en el tráfico de archivos con contenido pedófilo en redes de comunicaciones y decidieron realizar una búsqueda de oficio que tuvo lugar entre el 16 y 24 de mayo del 2010 por medio de una herramienta innovadora llamada “Vicus”.
En esencia, la herramienta busca y rastrea archivos con contenido pedófilo en redes telemáticas. Vicus fue desarrollada por E.D.I.T.E. en colaboración con la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Tecnologías de la Información de la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo y surge por la necesidad de las autoridades de reducir la alta incidencia de “falsos positivos”, es decir, descargas accidentales en línea de pornografía infantil.
La búsqueda de oficio arrojó como resultado 4.801 identificadores de archivos videográficos que contenían pornografía infantil. Después de un proceso de depuración de la información recolectada por parte de las autoridades, el equipo de investigadores encontró 49 usuarios relacionados con los contenidos que pertenecían a la jurisdicción española, de los cuales 25 presentaron coincidencias de archivos. Ver Reporte (2010-06-08 GC Atestado-366609111-10-46)
Debido a la imposibilidad de conocer la identidad y domicilio de un usuario con base a su número de IP, el Capitán Joaquín Losada, líder de la unidad E.D.I.T.E., solicitó al Juzgado No. 3 autorizar requerimientos de información a proveedores de internet para conocer los titulares y domicilios de las IP. Esto reveló detalles desconocidos para la investigación que permitieron perseguir a los culpables, o al menos a algunos de ellos.
Lo que la investigación llegó a conocer fue que, para sorpresa de muchos, José Grinda González, fiscal anticorrupción de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, resultó estar relacionado con la investigación. El fiscal ha sido célebre, entre otras, por sus investigaciones en el Caso 3% en Cataluña, sin embargo, su actuar parece estar ligado al gusto y utilización de menores de edad con fines pornográficos. La historia no para ahí. ¿Un anticorrupción corrupto?
Grinda ya había sido relacionado con casos de pedofilia. De acuerdo al exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, Grinda estuvo relacionado con su primer caso por hechos similares en Alcalá la Real, cuando una madre lo denunció por enviar un tuit a su hija menor de edad en donde le sugería que ingresara a una página web para verle haciendo sexo en línea. De acuerdo a fuentes de información, la Guardia Civil confirmó que quien había enviado el mensaje era Grinda, por lo cual se abrió un procedimiento judicial pero el fiscal que llevó el caso lo cerró. Ver Pederasta Reincidente (https://gaceta.es/noticias/fiscal-anticorrupcion-jose-grinda-gonzalez-pederasta-reincidente-19052017-1423/)
Pero nunca ha pasado nada y todo parece ser un caso de encubrimiento de la élite política española y funcionarios judiciales.
El Caso 317/2010 en Cangas parece haber tenido el mismo destino. Investigadores han solicitado reportes y documentos adicionales en el caso, pero las autoridades informan constantemente que los documentos han desaparecido del juzgado. Esto ha sido corroborado por una solicitud de información del Procurador Gonzalo Deleito García realizó peticiones de información. Ver Derecho de Información (2014-07-29 Deleito Petition to Juzgado No 2 Albobendas).
La falta de documentos en el juzgado de Cangas es inusual y, debido al peso de las pruebas contra Grinda, todo lleva a pensar que el fiscal ha hecho lo propio para desaparecer los documentos que soportan su participación en los delitos. Sin embargo, las evidencias en su contra son contundentes y ahora no solo por pornografía infantil, sino por obstruir y manipular la justicia. La historia de cómo el alto funcionario público resultó involucrado en una de las investigaciones de mayor envergadura y relevancia para un innovador grupo de investigadores de la Guardia Civil guarda muchos más detalles hasta ahora desconocidos.