En la entrega anterior abordamos la coartada utilizada por Jotajeje para escabullirse de la Operación Telémaco; en el presente capítulo ahondaremos en el análisis de la supuesta hipótesis que lo exculpa de ser un abusador de menores de edad. Según fuentes humanas de información consultadas por esta redacción judicial y que trabajaron directamente en la investigación de la Operación Telémaco, una vez José Grinda González se percató por medio de su red de contactos judiciales de que un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Pontevedra estaban siguiendo sus pasos y los de otros pedófilos en la red, el fiscal anticorrupción interpuso una denuncia por haber sido víctima de un presunto hackeo en su ordenador en septiembre de 2010.
No deja de ser curioso para un lector cauteloso, que la mencionada denuncia se dio a pocos días de que el Juzgado No. 3 en Cangas iniciara el otorgamiento de autorizaciones para realizar registros a los domicilios de algunos investigados. A la luz de tan sorpresiva coincidencia por qué no entramos en el detalle de los argumentos de Grinda.
Existen, en primer lugar, profundas dudas en cuanto a la coincidencia de los tiempos en que Grinda interpuso su supuesta denuncia (que, por cierto, no se ha identificado formalmente ni es conocida por la opinión pública) y los avances que realizaba en la investigación el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (E.D.I.T.E.) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra. La Operación Telémaco inició formalmente en junio de 2010 cuando se dio apertura a las Diligencias Previas del Caso 317/2010 en Juzgado No. 3 en Cangas. Por tal razón un para de meses después, para septiembre de ese año, el E.D.I.T.E ya había recopilado una cantidad relevante de evidencia técnica y contaba con un importante acervo probatorio en contra de los investigados. Las dudas sobre su involucramiento en los delitos de corrupción de menores de edad eran ínfimas.
Sin embargo, era necesario confirmar por todos los medios y, con el fin de que no hubiera duda alguna de la participación de los involucrados, para ese mismo mes la Guardia Civil se encontraba realizando una ronda final de comprobaciones técnicas forenses. Así las cosas, en septiembre de 2010 se dieron importantes avances en el caso, como fueron las autorizaciones del Juzgado No. 3 en Cangas para realizar registros domiciliaros de los sospechosos, pero también Grinda avanzó moviendo sus hilos para encubrir su culpabilidad por medio de una denuncia que carece de lógica alguna y sustento técnico. Una mera coincidencia.
En cuanto a la evidencia recopilada por Vicus, la herramienta tecnológica para perseguir pedófilos en la red desarrollada por el E.D.I.T.E. y un grupo de expertos civiles, resulta más que claro que la actividad rastreada por la herramienta daba cuenta de archivos pornográficos con menores de edad descargados desde una ubicación específica, no un ordenador. Es decir, la coartada del fiscal anticorrupción sugiere que el presunto hacker vulneró la dirección IP asignada por el proveedor de internet al domicilio de Grinda, así como el valor hash único relacionado con Jotajeje para de esta forma descargar los ficheros en un periodo de tiempo, en este caso meses, desde el ordenador del fiscal Grinda sin que este se percatara de la tenencia de los mismos. Todo suena muy lógico.
En relación a lo recién mencionado, la misma coartada usada por el fiscal se contradice pues, como lo ha conocido esta redacción judicial por fuentes muy cercanas al caso, Grinda aseguró que su ordenador fue vulnerado cuando se encontraba en el trabajo. Vicus cuenta con suficiente sustento técnico para confirmar que el ordenador se encontraba en el domicilio de Grinda y que las descargas se realizaron a diversas horas del día por varios meses.
Aún más descabellada suena la hipótesis de que detrás del hackeo había contradictores suyos por investigaciones que lideraba contra diversas mafias en España. Es necesario establecer con claridad que la investigación de la Guardia Civil de Pontevedra por pornografía infantil en línea no inició en contra de Grinda o algún sujeto en particular, al contrario, surgió de una búsqueda de oficio por medio de Vicus que arrojó a un número de sospechosos que compartían y guardaban material pornográfico con niños. En ese orden de ideas, cómo esperaban o iban a saber los hackers contradictores de Grinda que al vulnerar el ordenador del fiscal anticorrupción este terminaría siendo identificado por Vicus dentro de una investigación de oficio que en ese momento no era pública. Ni la más descabellada teoría conspirativa es comprable con la ilógica excusa de Jotajeje.
Más grave aún resulta que, si la denuncia del fiscal Grinda existió, por qué motivo las autoridades no iniciaron toda una investigación sin precedentes para dar con los responsables del presunto hackeo, incluso, con apoyo de entidades internacionales expertas en este tipo de vulneraciones a nivel estatal. En términos de seguridad nacional resulta muy grave y cuestionable que un fiscal de los niveles de José Grinda González haya sido víctima de hackers en su ordenador, un evento de dichas magnitudes debió haber encendido todas las alarmas para proteger al Reino de España y sus funcionarios. Por el contrario, el caso parece haber pasado desapercibido, sin mayor relevancia ni consecuencias.
Los años pasaron y las investigaciones no avanzaron, ni la Operación Telémaco ni para esclarecer el presunto hackeo de un funcionario español. Fue hasta el año 2017, cuando el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez habló del tema de nuevo que Grinda estuvo contra las cuerdas e inició su estrategia de demandas contra quienes recordaran el tema, tanto personas como medio de comunicación.
El señor Peláez, antes de morir en septiembre de 2017 y con el fin de conocer los motivos por los cuales las investigaciones en las que estaba inmerso el fiscal Grinda no avanzaban normalmente, envió una serie de cartas a importantes personajes de la vida pública española, entre ellos: José Manuel Maza Mastín (Fiscal General del Estado), Manuel Moix (Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción), Belén Suárez (Teniente Fiscal de Anticorrupción), Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Fiscal de Tribunal Supremo y antigua Fiscal General del Estado), Juan Carlos Aladro Fernández (Fiscal Jefe de Pontevedra), Carlos Rueda Beltrán (Fiscal Jefe de Jaén) y José Javier Polo Rodríguez (Fiscal Jefe de Madrid). Ver Escritos (Cartas)
A pesar de los esfuerzos del fallecido Peláez por conocer qué fue lo que pasó en los casos del fiscal Grinda, hoy nos encontramos en una situación que demuestra que nadie hizo nada al respecto. Los más poderos de la carrera fiscal en España no indagaron por la participación de Grinda en una investigación por presunta corrupción de menores, pero tampoco se preocuparon por indagar una presunta vulneración informática a uno a de sus colegas.
Las excusas del fiscal anticorrupción no tienen sentido o lógica alguna. Grinda ha quedado al desnudo, como gusta ver a sus víctimas.