El 20 de agosto de 2023, durante la celebración de la final de la copa mundial femenina de fútbol, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, protagonizó un incidente que causó una controversia global.
En la transmisión en vivo, Rubiales besó a la futbolista Jenni Hermoso en la boca sin su consentimiento cuando ella recibía la medalla de campeona. El incidente fue captado por las cámaras y se transmitió ampliamente en los medios de comunicación y las redes sociales.
El desenlace del beso no consentido generó una reacción inmediata en la opinión pública. Muchas personas condenaron el gesto de Rubiales como acoso sexual y un ejemplo de la falta de respeto hacia los límites personales y la autonomía de las mujeres. La presión fue tanta que el 10 de septiembre Rubiales dejaba su alto cargo en la federación de fútbol.
Lamentablemente, el abuso sexual es un problema persistente en todo el mundo, y España no es una excepción. En los últimos años, en estas páginas hemos sido testigos del silencio que suele rodear a los casos de abuso sexual de menores de edad y pedofilia, y como esa apatía protege a los depredadores.
Es el caso del estimado fiscal anticorrupción José Grinda, quien enfrenta acusaciones graves de exhibirse, masturbarse y mantener relaciones sexuales en frente de una niña menor de edad. Todo esto habría sido parte del proceso de “Grooming”, que es cuando un adulto se infiltra a través de la tecnología en la vida de un menor de edad con el objetivo de posteriormente abusarlo físicamente. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los actos de Grinda han recibido una atención mediática cobarde y no han generado ni el mismo debate, ni la misma indignación pública que el beso de Rubiales.
El contexto es aún más preocupante cuando se toman en cuenta las estadísticas. Según datos del Ministerio del Interior analizados por la organización Save the Children, entre 2019 y 2020 se presentaron un total de 11,838 denuncias en España por delitos contra la libertad sexual de víctimas menores de edad. El informe también desvela que las víctimas de este delito en España son principalmente niñas de entre 13 y 16 años, igual que la víctima en el caso Grinda.
“La prevalencia de este delito en nuestro país es muy elevada, puesto que se estima que entre el 10% y el 20% de los menores sufren abusos sexuales,” afirmó Andrés Conde, director general de Save the Children. “Esto supone que de los ocho millones de niños que hay en nuestro país, entre 800.000 y un 1,6 millones sufren algún tipo de abuso sexual”.
¿Si la agresión sexual, especialmente contra menores de edad, es un delito que merece una respuesta firme y coherente de parte de la sociedad y de las instituciones, por qué hay tanta disparidad entre el caso del fiscal Grinda y el incidente entre Rubiales y Hermoso? Se nos ocurren algunas teorías.
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- En primer lugar, el deporte tiende a estar más expuesto a la atención pública y al escrutinio mediático. También es importante tener en cuenta que el movimiento “Me Too” ha fomentado un ambiente de apoyo propicio para que las mujeres denuncien los abusos y presionen para resolver posibles causas estructurales. Esto se vio multiplicado con las campeonas del mundo y el movimiento #SeAcabó.
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• El #SeAcabó y el “Me Too” han desafiado a los poderosos, pero en contextos muy públicos, como Hollywood o el fútbol, o la política del más alto nivel. Aún desconocemos el impacto de estos movimientos en los casos, mucho más comunes, donde ninguna de las partes es una figura pública. Estos incidentes, tratados en el ámbito privado, parecen no ser alcanzados por el repudio y el debate público que las agresiones sexuales deberían generarnos como sociedad.
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En cambio, la niña que acusó al fiscal Grinda lo hizo sola y sin el respaldo de la opinión pública. La protección de la privacidad de los menores de edad víctimas de abuso sexual es una consideración primordial. Esto puede limitar la cantidad de detalles que se divulgan públicamente, lo que a su vez afecta la visibilidad y la atención mediática. Y aunque no lo quisiéramos admitir, como sociedad, no le damos la misma atención a una campeona del mundo que una niña de provincia, ni siquiera cuando su batalla por la justicia es considerablemente más desigual.
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Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la determinación de qué historias son cubiertas y cuáles pasan desapercibidas. Las decisiones de los medios de comunicación pueden responder al interés que genera cierta historia en el público, o también a intereses oscuros cuando se trata de una figura como Grinda que controla el acceso a algunas de las investigaciones políticas más mediáticas del país.
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El fútbol es un deporte de alta visibilidad en España y en todo el mundo. El incidente de Rubiales se produjo en la final de una copa del mundo y fue captado por las cámaras de televisión, lo que lo hizo altamente visible. Esto lo convirtió en un tema de conversación a nivel nacional e internacional. En el caso de Grinda hay video de sus actos sexuales pero la justicia lo protege como secreto de estado. ¿Será que algún día saldrá a la luz?
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La investigación en contra de Grinda ha sido marcada por el secretismo judicial. A menudo, los casos de agresión sexual infantil enfrentan obstáculos legales y procesales que dificultan la denuncia y la persecución de los agresores. Esto puede llevar a la percepción de que el sistema de justicia no está respondiendo adecuadamente a estos casos. Grinda fue acusado de delitos graves que merecen una investigación completa e imparcial. Sin embargo, los juicios en contra de Grinda han sido controlados por fiscales y jueces afines a Grinda.
Esta disparidad en la atención mediática y la respuesta social a estas dos situaciones pone de manifiesto las desigualdades de género y la falta de sensibilidad hacia los casos de agresión sexual en nuestra sociedad. Mientras que las voces de las campeonas del mundo han logrado dar voz a otras mujeres que han sufrido acoso y discriminación, el caso en contra del fiscal José Grinda subraya la importancia de abordar todas las acusaciones de agresión sexual de manera seria y justa, sin importar el contexto o la posición de la persona acusada, ni de la víctima que denuncia.